XIMENA MONTES

El proceso de urbanización en las ciudades se ha dado sin una debida planificación, por lo que este ha respondido únicamente a dimensiones económicas y políticas, desconociendo o restando importancia a las dimensiones social y cultural, así como a las relaciones que entre ellas se generan y el gran impacto que producen sobre la calidad de vida de la población.

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En este sentido, el crecimiento urbano ha tomado lugar en torno a leyes que “han sido letra muerta desde el mismo momento en que se incluyeron en la legislación” (Hall, 1996, p. 29) o que bien no existían, garantizando un aumento desmesurado de la construcción o auto-construcción (según la capacidad económica del individuo) donde no tuvo lugar una reflexión sobre la calidad de vida de la población hasta el momento en que representantes de las ciencias humanas tomaron cartas en el asunto y comenzaron a plantear una nueva forma de pensar la ciudad y, por tanto, el urbanismo.

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Un claro ejemplo de esta situación se dio en el continente europeo, donde las grandes migraciones que se produjeron del campo a la ciudad fueron detonantes de un gran crecimiento poblacional y, ante la falta de implementación de las normativas que garantizarían buenas condiciones de vida, se generó una brecha social de tal magnitud entre pobres y ricos que, ante el temor de una insurrección, se dio inicio a un proceso de pensamiento urbanístico donde la arquitectura fue tan solo un acompañante de los sucesos, sin llegar a ejercer un papel de mayor importancia en sus orígenes.

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Partiendo de estos hechos, se puede entender el contexto actual de las ciudades, donde se produce una separación espacial relacionada con la capacidad económica de la población y sus pautas culturales (Buzai, 2003, p. 79), o basada en la estratificación que, pese a ser un indicador de variables únicamente físicas y no socio-económicas, tiene fuertes implicaciones en la calidad de vida de los habitantes por la existencia de diferencias muy marcadas en torno al tema de accesibilidad al espacio urbano y, consolidando así, la idea de que la calidad de vida de los individuos se relaciona de forma estrecha con las condiciones del territorio en el que se insertan (Morar, et al 2014).

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De esta manera, la accesibilidad puede ser entendida como la facilidad con la que un agente puede alcanzar un bien o servicio desde un lugar determinado y con un cierto sistema de transporte (Morris, et al 1979; Johnson et al 2000) que, en este caso, corresponde a la facilidad de acceder al espacio público como un “bien de uso colectivo cuya función responde a la satisfacción de necesidades urbanas igualmente colectivas” (Mayorga, 2017, p. 03). En este sentido, el acceso a estos espacios incide de forma directa en la calidad de vida de los individuos, pues constituye un ámbito de sociabilidad informal entre clases de diferente capacidad económica que necesitan encontrarse para facilitar las condiciones de la movilidad social y disminuir los efectos de la estigmatización (Katzman, 2001).

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Sin embargo, el factor de accesibilidad genera grandes brechas entre sectores separados espacialmente, pues como consecuencia del incremento de costos de oportunidad por distancia, aquellos sectores de la población que se encuentran más alejados del espacio urbano y, que usualmente corresponden a los de menor capacidad económica, no cuentan con los recursos para desplazarse hasta la mayoría de equipamientos y espacios públicos. Esta problemática derivada de la separación espacial puede, en este sentido, generar segregación social (ausencia de relaciones sociales o ausencia de una posibilidad de relacionarse), afectando de forma negativa y directa la calidad de vida de la población, pues se ve impedido o se dificulta un desarrollo de la persona tanto colectivo como individual. Un claro ejemplo de esta situación se evidenció en México, donde zonas pobres participaban de forma muy baja en la localización de bienes y servicios públicos debido a que la distribución de estos estaba correlacionada con el estatus socio-económico y, como consecuencia, amplificaba las disparidades existentes. (Lara-Valencia y García-Pérez, 2015).

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Se puede afirmar entonces, tal como proponen Lofti y Koohsari, esta es una situación de inequidad en tanto que se impide que grupos sociales participen de los flujos de información y de los bienes y servicios urbanos debido a la reducida accesibilidad a los espacios en que están contenidos, pues en la medida en que la población puede acceder a servicios de cultura, recreación o educación, entre muchos otros., las personas pueden tener un mejor desarrollo personal, intelectual y  colectivo, una formación que repercute de manera directa en la generación de ingresos.

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El problema radica en que no se ha considerado la estructura interna como un sistema en que "cualquier acción en un sector repercutirá en todos los demás en forma de afectación a la calidad de vida de la población" (Yujnovsky, 1971), razón por la cual, tomando la accesibilidad como uno de los principales factores funcionales de la forma urbana (Lynch, 1981), se debe plantear una estructura de la misma que dé cabida a la vida vecinal como una manera de mejorar la calidad de vida urbana y que funcione enfocada en criterios de equidad en el acceso a los servicios de la ciudad, como una forma de garantizar su sostenibilidad al funcionar como escenario social y ambiental.