En Colombia, país que ocupa el 2° puesto en cifras de desplazamiento forzado después de Siria, existen en la actualidad más de 6’000.000 de habitantes que han sido desplazados no únicamente por causas de violencia sino también por la instalación de nuevas infraestructuras para la extracción de recursos naturales en zonas rurales, actividad que altera estos territorios hasta disminuir notablemente la calidad de vida de sus pobladores.

 

Esta cifra de desplazados internos alcanzó los 7’709.106 entre 1985 y 2016 (más de 100.000 por año), provenientes en su mayoría de los departamentos de Chocó, Magdalena, Valle del Cauca y Bolívar, entre otros; donde fueron expulsados tanto del área rural como de las ciudades y recibidos por áreas metropolitanas y otras ciudades, siendo Bogotá el principal punto de llegada.

 

Para atender a esta población damnificada, el gobierno colombiano ha creado políticas como el Sistema Nacional de Atención a Población desplazada (ley 387 de 1997) o el Derecho al especial trato para desplazados (Sentencia T-025 de 2004). Sin embargo, estas políticas han surgido desde una perspectiva tecnocrática que hace que la planeación y ejecución de ellas sobre esta situación generen impactos negativos sobre la población desplazada y su contexto social, pues no se proponen modelos de autogestión para su atención ni se tienen en cuenta experiencias previas de cómo reparar a los afectados según sus problemáticas, por lo que son abordadas desde perspectivas de intervención externas, casi ajenas.

 

Con esto, el gobierno ha comenzado a plantear programas de vivienda a escala local (mejoras de vivienda y regularización de áreas informales) y nacional (subsidios de vivienda gratis o pago de arriendo por varios meses). Sin embargo, en muchos de estos casos las soluciones de vivienda entregadas no cuentan con acceso a infraestructuras y servicios básicos que permitan a la población desplazada superar su condición de vulnerabilidad.

 

Entre el 2000 y 2001, el 63.5% de esta población tenía una mala calidad de vivienda y el 40% de ellos no tenía acceso a servicios domiciliarios.

 

Actualmente, se han hecho programas de vivienda social gratis con servicios domiciliarios que han cubierto cerca de 100.000 unidades; sin embargo, esta cantidad logra superar únicamente una pequeña porción del déficit existente. Por otra parte, los nuevos proyectos de vivienda planteados en altura que se han ido desarrollando y se plantean a futuro con cerca de 1.000 unidades habitacionales, no están siendo diseñados en búsqueda de una integración socio-espacial de las comunidades y corren el riesgo de convertirse en guetos que propician el tráfico y consumo de drogas de sus habitantes, situación que se refuerza con su ubicación en zonas periféricas de la ciudad, donde en lugar de dar solución a la problemática, se está formalizando la pobreza ya existente.